José Miguel “Mike” Pizarro, analista militar / Opinión
Miami, EE.UU.- América Latina está entrando – a una velocidad jamás antes vista – en una de las transformaciones más importantes y radicales de su historia reciente en materia de seguridad y defensa. Sorprendentemente pocos logran entender que este cambio representa la llegada en masa de nuestros ejércitos nacionales a las calles de nuestras ciudades, en donde harán tan bien su trabajo que se van a quedar… para siempre. Durante décadas, nuestros gobiernos intentaron enfrentar el narcotráfico, a las organizaciones criminales y a los carteles de la droga utilizando las herramientas tradicionales de las fuerzas policiales, como si el fenómeno criminal que enfrentábamos fuera esencialmente el mismo de hace 30 o 40 años. Aquella realidad cambió en 1982 cuando los narcotraficantes se transformaron de simples criminales y sangrientos terroristas… en astutos políticos con capacidad de hacer leyes y controlar al gobierno.
Las organizaciones criminales crecieron, cambiaron su nombre a Carteles, acumularon enormes cantidades de dinero que superaban el presupuesto de las Fuerzas Armadas, penetraron todas las instituciones públicas y privadas instalando a congresistas y senadores a su planilla de pagos mensuales y lo que resulta todavía más preocupante, comenzaron a adquirir capacidades de combate que hasta hace pocos años asociábamos exclusivamente a organizaciones militares. Tras 40 años de corrupción y fiesta narco sin control hoy podemos encontrar – desde México al Perú – grupos criminales que disponen de fusiles de asalto, ametralladoras livianas y pesadas, granadas de mano, capacidad de operar explosivos, flotas de vehículos blindados, drones de reconocimiento y ataque, además de personal competente con amplia experiencia militar y conocimientos especializados en comunicaciones, inteligencia y operaciones tácticas. Ósea, adversarios profesionales expertos en hacer la guerra… no en robar caballos. Era obvio que cuando el enemigo cambia tan radicalmente su forma de combatir también tenía que cambiar la forma en que el Estado enfrentaba la nueva amenaza. Pero el Estado le falló a sus pueblos, se negó a modernizarse y la amenaza de salió de control… lo que obligó en 2026 a que los Estados Unidos tomara la iniciativa de destruirlos… a su manera.
Washington, fiel a su amenaza, ha comenzado a ejercer una influencia mucho mayor sobre los gobiernos de la región para que enfrenten de manera más agresiva al narcotráfico y a los carteles presionando incluso a países distantes como Chile, el Perú, Uruguay y Argentina a que se unan decididamente a esta campaña militar disfrazada de operación policial. La iniciativa conocida como Escudo de las Américas refleja esta nueva orientación hemisférica, donde Washington ha comenzado a profundizar agresivamente su cooperación y presencia militar con distintos gobiernos latinoamericanos. La decisión que están tomando actualmente numerosos gobiernos latinoamericanos es, por lo tanto, perfectamente comprensible: sacar a los militares de sus cuarteles y utilizarlos para apoyar a las fuerzas policiales en las calles, en las carreteras, puertos, aeropuertos, zonas urbanas e instalaciones estratégicas.
Para dejar claro que el tema va en serio y con recompensas tangibles, en agosto de 2026, Estados Unidos anunció un generoso paquete de asistencia de “seguridad” de aproximadamente mil millones de dólares para Colombia. Con este tentador financiamiento Colombia podrá comprar ahora decenas de helicópteros de ataque, lanchas de patrulla, drones de reconocimiento, municiones merodeadoras, cientos de vehículos blindados y todas las armas y municiones que desee. ¿La palabra mágica? Solo debe decir que el equipo de combate que llegue desde las fábricas norteamericanas será usado para la lucha contra los carteles de la droga, eso es todo… y el lunes le llegan por barco los contenedores con los helicópteros Blackhawk usados, los blindados y miles de armas, drones y municiones recién fabricadas.
No creo que esto sea simplemente otra operación temporal de seguridad. Creo que estamos entrando en una nueva realidad regional – muy bien planificada – en donde será cada vez más habitual encontrar a nuestros soldados con sus rostros cubiertos patrullando nuestras ciudades, protegiendo infraestructura crítica, controlando carreteras, custodiando instalaciones estratégicas y participando directamente en operaciones contra organizaciones criminales en el corazón de nuestras ciudades. Y es precisamente por eso que considero necesario comenzar a hablar desde ahora de lo bueno y de lo malo de esta decisión, porque utilizar a las Fuerzas Armadas puede ser absolutamente necesario frente a una amenaza narcotraficante que claramente ha adquirido capacidades militares, pero hacerlo sin preparar previamente las condiciones legales, jurídicas, doctrinarias y operativas puede terminar convirtiéndose en una gigantesca trampa – esa que se paga con años en prisión – para los mismos soldados y oficiales que hoy estamos enviando a combatir.
El enemigo ya no es el mismo
Uno de los principales problemas que observo en nuestra región es que la opinión pública todavía tiene una imagen desajustada del delincuente latinoamericano moderno. Muchas personas siguen imaginando al narcotraficante como el delincuente común que aparece en las películas de Netflix: un joven pobre vendiendo bolsitas de marihuana en las esquinas, actuando prácticamente solo, armado con un viejo revolver, disparando de manera desordenada contra la policía y huyendo después por algún callejón. Esa imagen puede haber tenido alguna relación con determinados fenómenos criminales en los años 80s, pero ese retrato resulta cada vez menos útil para comprender lo que está ocurriendo actualmente en distintas zonas de América Latina.
En el 2026 las organizaciones criminales más poderosas de la región disponen de estructuras completamente diferentes diseñadas específicamente para ejercer violencia extrema a través del combate. Para esto incorporan personas con experiencia militar, incluyendo a ex miembros de unidades de Comandos, quienes al ser expertos entregan sus conocimientos técnicos y experiencia de combate al resto de los integrantes del cartel en el correcto empleo de vehículos blindados, sistemas de comunicaciones, y en el manejo de drones de ataque capaces de transportar explosivos. También disponen de dinero suficiente para comprar información, corromper funcionarios, contratar especialistas en ciberseguridad y construir redes de apoyo mucho más grandes que las que normalmente asociamos con una banda criminal común. Nuestros mal pagados funcionarios públicos y policías claramente no tienen ninguna posibilidad de éxito frente a esta bien entrenada y sofisticada amenaza. Ninguna.
Esto produce una transformación fundamental del problema. Cuando una organización criminal es capaz de planificar una emboscada, coordinar varios grupos armados, utilizar explosivos, observar previamente – con medios electrónicos – los movimientos de las fuerzas de seguridad mediante drones y atacar simultáneamente desde diferentes posiciones, ya no estamos hablando simplemente del delincuente que necesita ser detenido por un policía. Estamos hablando de una organización – equipada militarmente – que ha desarrollado capacidades de combate que comienzan a parecerse peligrosamente a las de una estructura militar irregular… a una guerrilla urbana, una que tiene más dinero que nosotros y ninguna regla que le impida secuestrar, torturar, mutilar y matar a todos y cada uno de sus adversarios, sean mujeres, niños o soldados. No hay límites, no hay restricciones. Esa es su forma de lucha.
Y ésta es precisamente la parte que, a mi juicio, la opinión pública sudamericana todavía no comprende completamente. El problema no consiste únicamente en que los delincuentes tengan mejores armas. El problema es que algunas organizaciones criminales narcotraficantes están desarrollando rápidamente una capacidad organizada de hacer la guerra al Estado y dominar el territorio… cualquier territorio, rural o urbano, con o sin población en su interior. Claramente este “problema” ahora no puede ser resulto por los integrantes de la humilde estación de policía del barrio quienes no tienen como enfrentarse a un ejército rebelde que es dueño de los edificios, los barrios y la población que componen el centro de la ciudad.
Por qué los militares terminan llegando a las calles
Cuando las policías no son modernizadas y son superadas por este tipo de amenazas, cuando el problema deja de ser policial y se convierte en una amenaza militar, los gobiernos terminan recurriendo inevitablemente a la única institución del Estado que conserva una capacidad organizada de combate: las Fuerzas Armadas. Esto explica lo que estamos observando actualmente en México, Colombia, Ecuador, El Salvador y otros países de la región, donde soldados y unidades de Infantería de Marina han comenzado, o llevan años, participando exitosamente en operaciones de seguridad interior.
México constituye uno de los ejemplos más visibles. El Ejército y la Marina llevan décadas participando en tareas relacionadas con la seguridad pública, realizando patrullajes, controles, protección de instalaciones y complejas operaciones de combate contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. La presencia de vehículos tácticos y tropas en carreteras, ciudades y zonas turísticas se ha convertido en algo habitual para buena parte de la población. Independientemente de la opinión que cada persona tenga sobre los resultados de esta estrategia, existe una experiencia acumulada que no puede simplemente ignorarse. Si no fuera por las Fuerzas Armadas México habría dejado de existir como estado-nación en el año 2006.
Colombia presenta otra experiencia particularmente interesante porque – a pesar de que los políticos colombianos hacen lo imposible por ver fracasar a las fuerzas militares- el Ministerio de Defensa lleva décadas enfrentando exitosamente organizaciones criminales armadas y equipadas como verdaderos ejércitos rebeldes. Pero tampoco sería serio afirmar que Colombia ha solucionado definitivamente el problema; no lo ha hecho. Sin embargo, el país ha desarrollado una estructura institucional y una experiencia operacional en terreno que no permite que los carteles se apoderen del país, y esto es algo que otros gobiernos de la región deberían estudiar cuidadosamente – de la mano del ejército colombiano y en terreno en el Cauca y no en seminarios de hotel – antes de comenzar a enviar grandes cantidades de tropas a las ciudades.
La lección que extraigo de estos dos países no es que debamos copiar exactamente sus modelos. La lección es mucho más sencilla: si un gobierno decide utilizar militares para enfrentar organizaciones criminales equipadas militarmente, tiene que construir alrededor de ellos dos cosas; primero un sistema jurídico con leyes de nivel constitucional que los proteja y luego entregarles todo el equipo militar y tecnológico que necesitan para cumplir esa misión. No basta con entregarles vehículos blindados y fusiles y ordenarles salir a patrullar… porque esa estrategia simplista hará que un gran número de ellos, al operar con armas de guerra en las calles, terminen en prisión por el resto de su vida. Garantizado.
El problema comienza cuando un soldado recibe una misión policial
Aquí aparece una de las contradicciones que considero más peligrosas de esta nueva realidad. Las Fuerzas Armadas no fueron diseñadas para realizar funciones policiales. Su entrenamiento, su doctrina y su equipamiento fueron construidos alrededor de una misión fundamentalmente militar… la guerra. Y en la guerra, que es la definición más pura y exacta del caos, la muerte, el dolor y la destrucción extrema, al adversario no se le hiere en la pierna, no se le captura con esposas ni menos aún se leen sus derechos antes de abrir fuego. Al adversario no se le dice “sospechoso”, se la llama “enemigo” y se le destruye con todo el poder de fuego de la unidad a la cual perteneces.
Esto no significa que un soldado sea incapaz de realizar por algunas horas tareas de seguridad pública, ni insinúa que los militares deban estar por encima de la ley, en cambio esta peligrosa orden nos advierte que, si el Estado quiere utilizarlos para una misión completamente diferente de aquella para la cual fueron especialmente diseñados y preparados, debe reconocer honestamente que existe una transición operacional extrema que no puede hacerse simplemente mediante un decreto. ¿Un ejemplo? Frente a una botella Molotov lanzada por un delincuente a su compañero que ahora se está quemando vivo, un Paracaidista Brasilero no va a entrar a “desescalar” la situación. Tras ser atacado, activará su entrenamiento profesional y abrirá fuego con su fusil de guerra neutralizando a la amenaza con dos tiros en el pecho y un impacto en la cara. Así los hemos entrenado. No hay otro escenario. No.
puede haber otra respuesta de un operador de fuerzas especiales. Reaccionar de otra manera significa que nunca fue entrenado como paracaidista de combate.
Un soldado de infantería no lleva el mismo tipo de armamento que un policía que patrulla una calle en el centro de la ciudad. Una unidad militar no está organizada de la misma manera que una patrulla policial. La doctrina militar – esa que fue creada hace 216 años para hacer la guerra de forma profesional y sistémica – tampoco está diseñada alrededor de la misma lógica que regula una detención de barrio, un control vehicular a la salida de un centro comercial o una intervención policial cotidiana. Cuando una unidad militar recibe fuego, su entrenamiento la conduce natural e instantáneamente a buscar el origen de la amenaza, organizar y desplazar ofensivamente sus equipos de fuego en la dirección del atacante y responder con la mayor violencia posible eliminando al agresor de acuerdo con la situación táctica. Una vez iniciado el combate la destrucción del enemigo se transforma en la única tarea esencial de toda la unidad y sus integrantes. Esta es su única misión y precisamente para esto fue entrenada durante años. Victoria a través de la acción ofensiva, máxima velocidad en el ataque y destrucción del agresor por medio de la superioridad de fuego. Absurdos como el “dialogo previo”, la “proporcionalidad” de mi respuesta y el primero pedir la licencia de conducir para saber si el atacante tiene 17 años o 72 no existen en nuestra doctrina militar. En resumen, si atacas a una unidad militar… te mueres.
Por eso considero profundamente ingenua e irresponsable la idea de que podemos enviar un pelotón de infantería mecanizada al centro de una ciudad y simplemente decirle: “ahora ustedes son policías“. No funciona de esa manera. El problema no desaparece porque cambiemos la misión en un papel. El soldado continúa siendo un soldado profesional, con el entrenamiento de guerra que recibió, con las armas de guerra que lleva en su inventario y con una doctrina de guerra que ha aprendido con mucho esfuerzo y sacrificio durante toda su carrera profesional. Si la unidad de paracaidistas fue bien entrenada, responderán a una agresión armada conforme a su doctrina de empleo… combatiendo como lo hacen los paracaidistas. ¿Resultado? Todos los agresores perderán sus vidas. Absolutamente todos. Esperar otro resultado significa que esos soldados nunca fueron entrenados profesionalmente como paracaidistas de asalto. Por eso cuando ese soldado profesional sea atacado por cinco delincuentes a la salida de un supermercado durante un robo a mano armada, y el paracaidista los mate a los cinco a balazos, alguien tendrá que responder una pregunta extremadamente difícil: ¿exactamente qué esperábamos que hiciera distinto ese paracaidista?
Chile y la tormenta perfecta
Chile está entrando precisamente en esta discusión. El país ya cuenta con tibios y mal diseñados mecanismos legales y constitucionales para determinados empleos de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y protección de infraestructura crítica, y la discusión política sobre ampliar y utilizar estas capacidades ha adquirido una fuerza considerable. La iniciativa – al estar mal diseñada – cuenta con el decidido apoyo del Partido Comunista de Chile (PC) y los sectores de izquierda quienes ven en este escenario la oportunidad de llevar a la cárcel a cientos de militares procesados por uso indebido de la fuerza en los barrios populares. A primera vista, proteger una instalación crítica parece una tarea sencilla. Se despliega una unidad militar, se establece un perímetro, se controlan los accesos y los soldados permanecen en sus posiciones. El problema aparece cuando esa instalación se encuentra dentro de una ciudad, rodeada de población civil, y un grupo criminal decide atacarla.
Entonces la teoría desaparece.
Supongamos que un grupo armado dispara contra una patrulla militar que protege una gasolinera que es habitualmente asaltada los fines de semana. Los soldados responden. Hay dos atacantes muertos, pero también hay civiles cerca. Las municiones de guerra que no impactan a los agresores atraviesan vehículos, ventanas y paredes. Alguien a tres cuadras de distancia resulta herido dentro de una vivienda. Aparecen fotografías y videos en las redes sociales. Los medios de comunicación comienzan a informar sobre los muertos a quienes no se les pudo encontrar armas. Una joven estudiante resulta herida en el estómago por proyectiles de la patrulla que fue atacada. Ella hace declaraciones a la prensa. Aparecen más heridos en otras casas. Los familiares presentan denuncias. Los fiscales abren investigaciones y los jueces deben determinar posteriormente si los militares actuaron dentro de la ley. ¿La ley? ¿Cuál Ley? Pues la ley actual señores, esa que considera el uso de armas de guerra – en el contexto de un asalto a una gasolinera – como una respuesta inaceptable al ataque con un revolver realizado por un delincuente que nunca fue capturado. Tras el “enfrentamiento” ahora solo hay dos muertos sin armas y varios heridos a tres cuadras.
Todo esto puede ocurrir en cuestión de horas. El teniente y el sargento que dispararon sus fusiles están ahora en cámara – en vivo – tratando de ocultar sus rostros y sus apellidos en sus uniformes. Jamás fueron entrenados para este escenario. Pero su General sabía que esto iba a ocurrir… exactamente como lo estoy describiendo. Tal cual. Escena por escena. Y es aquí donde yo veo el problema que todavía no ha sido discutido suficientemente en Chile: la verdadera dificultad no está en sacar a los militares a la calle… está en definir qué ocurrirá jurídicamente después de que tengan que utilizar sus armas.
No estoy sugiriendo el absurdo que los militares deban recibir una autorización ilimitada para disparar y hacer lo que quieran. No creo eso. No debería existir ninguna institución del Estado que esté por encima de la ley. Lo que estoy diciendo es que las reglas para el empleo de armamento de guerra tienen que ser suficientemente claras, inteligentes, prácticas y flexibles – para adaptarse a todos los escenarios – mucho antes de enviar a 40,000 hombres armados a decenas de ciudades en donde, clara y previsiblemente, todos los días ellos deberán tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos.
Si el Estado considera que el empleo militar es necesario, entonces tiene la obligación de establecer previamente las reglas bajo las cuales ese empleo será evaluado. ¿Muy complicado? Voy a ser bien claro con el público y con mis camaradas en servicio activo: En Chile los decretos simples, los decretos con fuerza de ley (DFL) o los decretos leyes no pueden ni van a absolver a un oficial o a un sargento condenado por la Corte Suprema si es encontrado culpable de matar a un delincuente en un escenario que los jueces consideren fue “desproporcionado”. “¿Sargento ¿Usted le disparo cinco proyectiles en el pecho y en el rostro con un fusil GALIL a ese joven? “Pues si su Señoría” “¡Listo! 20 años de prisión efectiva”. Esa es la norma. Esa es la ley… y nadie la ha cambiado para proteger a un militar. La Corte Suprema lo tiene que encontrar culpable por que la norma vigente esa que nace de la ley a nivel constitucional NO HA SIDO MODIFICADA. Para los jueces y fiscales el uso de una ametralladora (esa que dispara ráfagas y tiene un alto poder de destrucción) se considera por la jurisprudencia como un medio absolutamente desproporcionado e irracional para repeler a un delincuente común. Desde la perspectiva de todas las leyes vigentes en el Código Penal, el volumen de fuego excede por completo lo necesario para neutralizar una amenaza, poniendo además en grave riesgo a terceros. Tras hacer uso de su armamento y la confirmación de la muerte de los dos jóvenes en el piso de la gasolinera, el sargento y el teniente serán detenidos por Carabineros y encarcelados esa misma noche, quedando recluidos por meses en espera de su juicio. Esa es la ley actual… y nadie la ha modificado.
El riesgo de abandonar al soldado después del combate
Hay una situación que considero especialmente peligrosa: que el Estado necesite al soldado cuando existe una emergencia, pero se desentienda de él cuando termina el enfrentamiento… o cuando finalice el periodo presidencial del partido que ordeno su salida a la calle. El escenario sería el siguiente: un gobierno ordena desplegar militares, los militares cumplen la orden, una organización criminal los ataca en la vía pública, los soldados utilizan sus armas, algunas personas mueren, comienza una investigación judicial y, posteriormente, el gobierno que dio la orden termina su mandato. El soldado, mientras tanto, es dado de baja por el General, quien le corta su salario y lo obliga a contratar abogados en un costoso proceso judicial que puede durar entre cuatro a siete años. Como los soldados nunca operaron bajo el manto jurídico de leyes de reforma constitucional, esas que modifican la Constitución Política de la República, todos los procesados por uso de ametralladoras o fusiles de guerra serán condenados a cárcel efectiva cuando sus casos lleguen a la Suprema. No habrá excepciones. No puede haber excepciones. Es la ley actual.
Esto no es solamente un problema jurídico. También es un problema moral y de mando. Un General que envía a sus hombres a una misión tiene que preocuparse por lo que sucederá después de la misión. No puede considerar que su responsabilidad termina en el momento en que firma la orden de despliegue… y el oficio sale de su oficina hacia los regimientos. Si sabemos que los soldados van a enfrentarse a organizaciones criminales fuertemente armadas, tenemos que saber también qué protección jurídica tendrán cuando actúen legítimamente. Si ya sabemos – con meses de anticipación – que habrá enfrentamientos urbanos, tenemos que entender que – como Generales y empleados públicos – debemos exigir y demandar que existan reglas y leyes claras para ordenar el despliegue de unidades militares que estarán envueltas diariamente en enfrentamientos armados. Si somos empleados públicos con plena consciencia de que existirán investigaciones posteriores, y que nuestras tropas serán encarceladas, tenemos la obligación de asegurarnos de que quienes investiguen estos hechos primero comprendan correctamente el contexto operacional y la desprotección legal en el cual se produjo ese intercambio de disparos y que el Congreso y el Senado generen ANTES del enfrentamiento las leyes de reforma constitucional que protejan a esos 40,000 soldados cuando salgan a la calle.
De lo contrario, estamos construyendo una tormenta perfecta: soldados profesionales entrenados para combatir en una guerra convencional, enviados ahora a misiones policiales (para la cual no cuentan con entrenamiento ni certificación alguna), dentro de ciudades llenas de civiles, enfrentando organizaciones criminales armadas con fusiles, pistolas semi automáticas y escopetas, sometidos a reglas ilógicas de uso “proporcional de la fuerza”. Estos enfrentamientos armados serán interpretados de manera diferente por cada fiscal y cada juez. Los soldados, tras ser procesados y dados de baja se verán obligados a defenderse individualmente – con fondos de su propio bolsillo – ante las cortes después de haber cumplido una misión ordenada por el propio Estado. Esto es, a mi juicio, sencillamente irresponsable. Y hoy los responsables tienen nombre y apellido.
Lo bueno de sacar a los militares
Sería injusto presentar este fenómeno solamente desde el lado negativo. Hay razones muy poderosas para utilizar a las Fuerzas Armadas cuando las organizaciones criminales han superado la capacidad de respuesta policial. Los militares poseen recursos logísticos, vehículos especiales, comunicaciones, inteligencia, capacidad de despliegue territorial y una estructura de mando que puede ser fundamental para proteger instalaciones estratégicas y otras infraestructuras esenciales para el funcionamiento de un país.
Las Fuerzas Armadas también pueden permitir que las policías concentren sus recursos en aquello para lo cual fueron creadas: investigar delitos, detener delincuentes, realizar procedimientos policiales y mantener el orden público. Por eso no soy partidario de una posición ingenua de “militares nunca”. Hay amenazas que pueden llegar a ser tan graves que el Estado simplemente no tiene otra alternativa. El problema es que utilizar la herramienta militar sin leyes de reforma constitucional también tiene un costo extremo.
Lo malo
Militarizar progresivamente la seguridad pública puede producir consecuencias que tampoco debemos ignorar. Es cierto, los militares van a imponer el orden total en solo días, los narcos quedarán encerrados en sus barrios y las ciudades estarán seguras mientras las tropas estén en las calles. Pero nuestros soldados van a cometer errores. Durante los enfrentamientos armados pueden producirse daños a civiles y – como en México y en Colombia – donde la policía ya no puede contener a los carteles, se producirá una expansión permanente de una función que originalmente debía ser policial y muy breve. Y cuando una fuerza militar comienza a desempeñar durante muchos años tareas policiales ese ejército pierde su capacidad central de combate contra otro estado. Créanme, la pierde por completo. Solo vea al ejército Mexicano o al Colombiano e imagínelos combatiendo ahora en Ucrania contra tanques que nunca han visto, avanzando ofensivamente bajo ataques de artillería pesada y sobreviviendo el ataque de helicópteros enemigos. Esos dos ejércitos jamás han sido equipados ni entrenados para ese tipo de guerra convencional.
Por eso considero que el debate serio no puede reducirse a decir que los militares son “la solución” o que los militares son “el problema”. No son ninguna de las dos cosas. Son una herramienta del Estado, y como toda herramienta poderosa, debe ser utilizada correctamente y no puede ser utilizada de manera irresponsable por un político astuto que saca un amplio provecho de un grupo de generales tímidos e inexpertos.
El problema que nadie quiere enfrentar
Hay algo que me preocupa todavía más, y es que nuestros políticos crean que conocen suficientemente bien el funcionamiento de las Fuerzas Armadas simplemente porque han leído algunos informes de defensa en el celular o porque han participado en reuniones con generales de ejército en un podcast en una base militar.
Quienes hemos dedicado nuestra vida al estudio de la defensa, y quienes hemos visto en “carne propia” los efectos del empleo de un ejército en combate al interior de una ciudad con millones de habitantes, sabemos que existe una enorme diferencia entre comprender “políticamente” lo que hace un ejército en el papel y realmente saber cómo funciona una unidad militar cuando entra en combate. El soldado no fue preparado durante años para convertirse en un funcionario de seguridad privada. El soldado profesional moderno – ese del que nos orgullecemos en los videos publicitarios del Ministerio de Defensa – fue específicamente entrenado para destruir al soldado adversario ¡No para detenerlo y ponerles esposas! Esto no es una crítica al soldado. Es una descripción de su profesión. Y si el Estado quiere cambiar la misión de ese soldado, tiene que asumir la responsabilidad de adaptar también el sistema legal y jurídico que lo rodea.
No podemos exigirle a un hombre que durante veinte años se ha entrenado bajo una determinada doctrina de empleo en combate y después, de un día para otro, pedirle que actúe bajo una formación policial completamente diferente y en un escenario urbano lleno de civiles, mientras simultáneamente le advertimos que puede terminar en prisión si interpreta incorrectamente una delicada situación que debía resolver en fracciones de segundos. Eso no es planificación estratégica. Eso no es preparación para el despliegue de la fuerza terrestre.
Eso es improvisación. Pura y dura.
¿Y dónde está el alto mando?
Aquí llego al punto que considero más delicado de todo este artículo. Si los generales saben con casi un año de anticipación, que sus hombres serán enviados a las calles, también saben que eventualmente habrá enfrentamientos armados. No uno… si no que muchos enfrentamientos armados… y todos los días. Saben muy bien que algunos soldados tendrán que utilizar sus armas, y las únicas armas que tienen son fusiles de guerra con un alcance de más de 800 metros. Saben que habrá investigaciones judiciales y están plenamente conscientes que, dependiendo de cómo estén diseñadas las reglas, algunos de esos hombres podrían terminar enfrentando procesos judiciales con penas de varias décadas en prisión por cumplir – al pie de la letra – las órdenes de los generales.
Por lo tanto, considero que el alto mando tiene una responsabilidad moral y profesional que va mucho más allá de preparar operacionalmente a sus tropas dándoles municiones y combustible para los camiones. El Alto Mando tiene también la responsabilidad – como cualquier otro empleado público que detecta un problema grave al interior del Estado – de informar de esa amenaza a la opinión pública por medio de la prensa. No debe rebelarse contra el poder civil. No debe desobedecer al gobierno. No debe intentar gobernar. Simplemente debe explicarle a su propio pueblo – y por adelantado – lo que va a ocurrir, especialmente, cuando tras agotar responsablemente todas las instancias de lograr una solución de parte de los funcionarios del gobierno de turno, los generales llegan a la conclusión de que miles de sus hombres serán gravemente afectados injustamente. Entonces, si salir a dar la cara en defensa de sus hombres significa su baja por razones políticas de la institución… ¿Cuál es el problema señores?
El Ejército debe explicar democráticamente al país qué significa realmente emplear soldados armados con ametralladoras en una ciudad. Debe explicar qué entrenamiento poseen, qué armas utilizan, cuáles son las diferencias entre una operación militar y una operación policial y cuáles son los riesgos previsibles de colocar una unidad de comandos o un regimiento de paracaidistas en medio de una población civil. Eso no constituye una rebelión. Eso no viola ninguna ley.
Eso es parte del liderazgo único, privilegiado e inexcusable que debe ejercer un oficial General al mando, pues solo él puede hablar por sus hombres.
Porque si el país está tomando la decisión política de utilizar a sus Fuerzas Armadas, esas que han sido entrenadas y certificadas para hacer la guerra contra otro estado – y emplearlas ahora contra organizaciones criminales enquistadas en el corazón de nuestras ciudades, el país tiene derecho a conocer las consecuencias históricas de esa decisión directamente de la boca de quienes empuñarán esas armas de guerra. No de la boca de un ministro, de un empleadillo público que se irá del gobierno de turno este domingo y el lunes se desentenderá completamente del tema. “¿De qué muertos me habla señorita reportera?” Dirá el ex Ministro. “Yo solo le pedí a ese General que nos diera paz en las calles. El General sabía lo que estaba haciendo. Honestamente, no sé qué estaba pensando ese hombre ni por que sus soldados mataron a tantos jóvenes este fin de semana”. Pero le repito… yo ya no estoy en el gobierno.”
En cambio, los militares que componen el Alto Mando tienen hoy el deber profesional de explicar esas consecuencias, esas que producirán eventos y acciones que quedarán escritas en los libros de historia del ejército nacional para toda la eternidad.
La pregunta final
América Latina está cambiando a la velocidad del rayo. Los carteles son cada día más poderosos. Las organizaciones criminales son mucho más sofisticadas y letales. Las policías se encuentran totalmente sobrepasadas en determinadas zonas geográficas, los gobiernos están recurriendo nuevamente a sus Fuerzas Armadas y Estados Unidos está aumentando la presión para que la región enfrente con mayor decisión al narcotráfico. Claramente, no creo que este proceso pueda detenerse. Por el contrario, esto va a tomar mayor velocidad en menos de seis meses y los generales serán presionados al extremo para que firmen – sin reclamar – la autorización de salida de decenas de miles de soldados a las calles. Pero cuando hablamos de la lucha contra los carteles, tampoco creo que esa lucha deba detenerse. Creo que, en determinadas circunstancias, el empleo de nuestras fuerzas armadas puede ser absolutamente necesario. Pero una cosa es enviar militares a las calles y proteger a nuestro pueblo y otra muy distinta es construir un sistema totalmente irresponsable y torcido para emplearlos hoy y … perderlos mañana.
Hoy, a solo semanas de la salida de las tropas desde sus regimientos a las calles, necesitamos reglas claras, entrenamiento adecuado, coordinación entre policías y militares, un soporte judicial claro y robusto, responsabilidad de mando político y un marco jurídico constitucional real que permita determinar con claridad qué puede hacer un soldado cuando es atacado con armas de fuego mientras cumple una misión legítimamente ordenada por el Estado. Pero aquí también les doy un dato curioso. En Chile la sola presencia de tropas en las calles no va a “asustar” a las pandillas. Muy por el contrario. La prensa les ha enseñado a los jóvenes que atacar a los policías no tiene mayores consecuencias, razón por la cual me permito pronosticar – con gran certeza – que las fuerzas armadas serán atacadas con armas de fuego por pandilleros, narcotraficantes y delincuentes comunes con gran temeridad y peligrosa ignorancia forzando a las tropas a disparar sus fusiles para defenderse. Esa “curva de aprendizaje” llevará dos a tres años tras los cuales, y solo a través de la “practica” y errores frecuentes, los delincuentes llegarán a la conclusión que atacar a unidades militares tiene un alto precio.
Históricamente lo que ha hecho Chile en materia de modernización de sus fuerzas armadas lo han copiado de inmediato en la Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Por eso los políticos chilenos deben dejar de presentar el despliegue militar como si consistiera simplemente en colocar algunos vehículos blindados en una carretera y ordenar a los soldados que patrullen. No es así. Detrás de cada uniforme existe un profesional que tomará cientos de decisiones de vida o muerte. Detrás de cada operación en la vía pública existe – en la cruda realidad – una obscura y mal diseñada cadena de mando que obedece únicamente al político de turno que obligó a ese regimiento a salir a la calle. No fue un deseo de los militares el pararse a hacer guardia afuera de un supermercado, y esto es importante de aclarar porque detrás de cada disparo habrá posteriormente una investigación judicial con decenas de oficiales, sargentos y soldados encarcelados y camiones llenos de narcos muertos rumbo a la morgue. Por eso la pregunta que debemos hacernos ahora no es solamente si queremos militares en las calles.
La pregunta verdadera es mucho más incómoda…
¿Estamos preparados para lo que sucederá cuando esos militares tengan que combatir en el 2027? Porque ese es el termino exacto y correcto cuando una docena de narcos le disparan a una docena de soldados. Se llama combate armado. Porque el primer día de despliegue todos pueden estar de acuerdo. El verdadero problema comenzará el día en que alguien dispare primero… y los militares respondan con fusiles de guerra, ametralladoras pesadas y con una forma de combatir que en nuestra profesión demanda y exige violencia instantánea, alta velocidad y máxima letalidad. Y ese día, el Estado – cuando levante los cadáveres de catorce delincuentes que cayeron al enfrentarse a una patrulla de Cosacos Infantes de Marina – tendrá que demostrar que no solamente tuvo el valor político de enviar a sus mejores soldados a combatir en la vía pública, sino también asumirá la responsabilidad de haberlos preparado, protegido y respaldado jurídicamente para hacerlo. Por que les repito, si en este mes de Agosto del 2026 un soldado chileno le quita la vida a un narcotraficante y la justicia comprueba que lo hizo con un fusil de guerra… ese soldado se va a prisión preventiva a esperar su juicio. La legislación actual no ha sido modificada y en su texto constitucional presente exige y demanda detención instantánea, procesamiento acelerado y una fuerte condena ante cualquier ciudadano (militar o civil) que mate a otro con una ametralladora en la vía pública. No hay excepciones. Ese es el problema. Es así de simple. Es así de peligroso.
Por eso es muy fácil predecir que, tras el primer año de despliegue, y cuando los soldados se den cuenta que mensualmente sus compañeros están siendo encarcelados en grandes números, cuando vean que sus propios generales los expulsan del ejército el mismo día que son esposados por la policía por cumplir las órdenes de ese mismo general… la lógica y el sentido común serán puestos a prueba.
En estos días tan complejos quizás los generales deberían recordar las palabras de Mahatma Ganghi: “La única tiranía que acepto es aquella que me impone la conciencia”. Porque si ahora resulta que la máxima preocupación de un oficial general es su legado como comandante en las páginas de nuestro ejército, claramente es mejor fracasar haciendo lo correcto… que tener “éxito” haciendo lo incorrecto. La memoria de las tropas es eterna, y ni el color de la corbata ni la blancura de sus cabellos no lo va a proteger de los dedos y las miradas severas el próximo año.
Jose Miguel “Mike” Pizarro, Articulista invitado / EE.UU.
Ex oficial del Ejército de Chile, graduado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Analista de Defensa de CNN en Español, ex U.S. Marine y veterano de 4 años de la guerra en Irak. Ex oficial de artillería de montaña, comandante de tanques pesados M1A1 Abrams y ex asesor militar norteamericano en Colombia.
