- Realidad, estrategias y perspectivas
Lima, Perú.- El pasado 29 de febrero, se llevó a cabo en el Auditorio “Mariano Santos Mateo” de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú el “Primer Foro Nacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional – Realidad, estrategias y perspectivas” organizado por el Despacho del Ministerio del Interior en coordinación con el Viceministerio de Orden Interno y la Escuela de Inteligencia de la Dirección General de Inteligencia de dicho portafolio, en el marco de la Decisión 922 de la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina.
Las palabras de bienvenida e inauguración del evento en nombre del Ministro del Interior General PNP® Víctor Manuel Torres Falcón, estuvo a cargo del Viceministro de Orden Interno, General PNP® Miguel Núñez Polar, quién dio lectura al mensaje de apertura del evento del Jefe del Sector Interior y contó con la presencia del Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, Teniente General PNP Oscar Arriola Delgado, y el Inspector General de la Policía Nacional del Perú Johnny Veliz Noriega.
Expositores del evento fueron el magister Javier Gamero Kinosita, Asesor del Ministerio del Interior, el General PNP Zenón Loayza Díaz, Director Antidrogas (DIRANDRO PNP), el general PNP Gregorio Villalón Trillo, Director de Medio Ambiente (DIRMEAMB PNP), el General® Sergio Monar Moyoli, Director de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), el Magister Armando García Chunga, Superintendente Nacional de Migraciones, el Magister Ronald Rejas Albújar, Gerente de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), el Teniente General PNP Oscar Arriola Delgado, Jefe del Estado mayor General de la Policía Nacional del Perú y la Embajadora Liliam Ballón, representante del Ministerio de RREE en el Grupo de Alto Nivel para ejecutar el Plan de Acción Resolutiva de la Comunidad Andina contra la delincuencia organizada transnacional.
Amenazas y desafíos a la política de seguridad del siglo XXI
Se abordaron los factores de estrés del mañana, vale decir los cuatro desafíos globales del siglo XXI: los demográficos (la denominada bifurcación demográfica), los ecológicos producto del calentamiento global, los tecnológicos producto de la aceleración tecnológica y los geopolíticos producto de los cambios geoestratégicos que conllevan a constantes desplazamientos del poder. Se analizó la nueva restructuración del sistema internacional y la actual tendencia a la renacionalización y reondulación de la política internacional, la nueva estructura mundial multipolar que intenta superar la hegemonía de Occidente siendo protagonistas China y Rusia, analizándose la distribución regional de conflictos violentos y la desintegración del Estado como primer desafío del orden mundial.
De igual forma, se analizó la delincuencia internacional globalizada como uno de los riesgos globales de la denominada sociedad de riesgo del siglo XXI y el crimen organizado como un desafío global en los espacios comunes globales, escrutándose la complejidad e incertidumbre del entorno híbrido focalizándose las guerras híbridas, las amenazas y los ataques híbridos. Se abordó el ciberespacio como nuevo teatro de operaciones y novedoso dominio de naturaleza militar, en él se desarrollarán las ciberguerras, la cibercriminalidad, el cibersabotaje y el ciberterrorismo. Se examinó la denominada “sociedad de vigilancia”, la “sociedad de riesgo”, la “sociedad de 24 horas”, la “sociedad de vigilancia”, la revolución tecnológica exponencial y la soberanía digital.
Se abordó el cambio climático y su relación con el conflicto, constituyéndose éste en un factor esencial para el brote de la guerra entre los Estados, el brote de la guerra civil y las tensiones etno-políticas, el estrés demográfico ecológico, la sociología de los desastres, la paz ambiental y la diplomacia de los desastres. Por último, se tocó la seguridad en la era postpandemia.
Situación del tráfico ilícito de grogas y el desarrollo del crimen organizado en el Perú
Se analizó la evolución del tráfico ilícito de drogas en el país desde el año 1940, presentándose el tráfico ilícito de drogas como una cadena de valor en sus distintas fases: el cultivo de la hoja de coca, el tráfico y desvío de insumos químicos, la producción de cocaína, el destino y rutas de la cocaína, el lavado de activos, los bajos índices de desarrollo, el terrorismo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la presencia de organizaciones criminales extranjeras, la corrupción de las autoridades vinculadas al tráfico ilícito de drogas y la poca presencia del Estado en determinadas zonas.
Asimismo, se examinó la situación de los cultivos de coca en el Perú subrayándose el incremento exponencial de cultivos de coca en la Amazonía peruana alcanzando 95,008 hectáreas de cultivos de coca a nivel nacional, lo que equivales en una producción potencial de clorhidrato de cocaína de 870 toneladas. Colombia ha alcanzado una extensión de 230,000 cultivos de hectáreas, lo que se traduce en una producción potencial de clorhidrato de cocaína de 1,738 toneladas y en el caso de Bolivia ha alcanzado 29,900 hectáreas. De igual forma de abordó el destino y las rutas de las drogas, mostrándose el mapa de destino de los decomisos de cocaína producida en el Perú identificándose las principales rutas de la cocaína de Perú precisándose la trayectoria marítima, fluvial, terrestre, los vuelos comerciales, el puente aéreo, origen, puntos medio, puntos de recepción, destino final y puertos.
Un aspecto importante es la vinculación del tráfico ilícito de drogas con el crimen organizado, entre ellos el sicariato, el tráfico de armas, el terrorismo, el tráfico de armas, la corrupción de funcionarios, los delitos ambientales, la tala ilegal y deforestación. Las principales organizaciones criminales transnacionales en la región son en Ecuador los “Choneros”, los “Tiguerones” y los “Lobos”; en Colombia son los “Comandos de la Frontera”, el “Clan del Golfo” y el “Frente Carolina Ramírez” y en Brasil son “el Comando Vermehlo”, el Primer Comando Capital” y “Os Cria TPCL”.
Dentro de las estrategias de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) está la maximización de actividades de inteligencia para desarticular organizaciones criminales, el fortalecimiento del control para evitar el desvío de insumos químicos para la producción ilícita de drogas, el fortalecimiento de las operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas y la afectación del patrimonio de las organizaciones criminales del tráfico ilícito de drogas.
Durante el 2023, la DIRANDRO decomisó 104.5 toneladas de droga tóxica, 73,686 toneladas de sustancias químicas, ha desarticulado 126 organizaciones criminales. Realizó 17,530 operaciones policiales, 12,648 detenciones, destruido 73 pistas de aterrizaje, incautado cuatro aeronaves interdictadas y destruido 847 laboratorios de drogas. Las operaciones de frontera realizadas son “Chilimasa” en la frontera con Ecuador, “Putumayo” en la frontera con Colombia, “Amazonia” en la frontera con Brasil, “Tiahuanaco” en la frontera con Bolivia y la operación “Zela” en la frontera de Tacna con Chile.
Los conflictos socioambientales y su influencia en el desarrollo nacional
El conflicto socioambiental es todo aquel enfrentamiento entre los intereses de los miembros de la sociedad, el Estado y las empresas privadas. Este conflicto siempre gira en torno a la explotación de determinado recurso natural y/o la contaminación consecuente de la actividad. La Defensoría del Pueblo del Perú ha identificado cinco fases por las que puede transcurrir un conflicto socioambiental activo en función de la intensidad: temprana, de escalamiento, de crisis, de desescalamiento y de diálogo. Las causas de los conflictos socioambientales son el problema ambiental, la sensación de incertidumbre y el temor a la contaminación, el problema social de la exclusión, desigualdad y discriminación; asimismo, la afectación de los derechos fundamentales y por último, los problemas en la gestión y en la institucionalidad ambiental como fuente de desconfianza de la población en el Estado.
Los conflictos socioambientales registrados en el 2023 en Perú ascienden a 1,074 casos de los cuales el 66.1% provienen de la minería, 22%, del ámbito de hidrocarburos, 3.9% de los residuos y saneamiento, 1.6% del agroindustrial, 0.8% del de energía, 0.8% del forestal y 4,7 % otros.
Las consecuencias de los conflictos sociales en el Perú son los impactos económicos, un ambiente conflictivo provoca miedo en los inversionistas y empresarios, y los precios se ven afectados; los impactos sociales, para empezar, la principal consecuencia de un conflicto violento es la pérdida de vidas humanas, consecuencia de las medidas de fuerza adoptadas por ambas partes y por último, los impactos políticos, pues los conflictos socioambientales están dificultando la consolidación dela institucionalidad.
Amenazas y desafíos del ciberespacio
El ciberespacio presenta una serie de desafíos y amenazas que afectan a los individuos, empresas y gobiernos. Desde la ciberdelincuencia hasta la protección de datos, estos desafíos requieren una compresión profunda y medidas de prevención efectivas. Dentro de los ataques cibernéticos tenemos el malware (suplantación de identidad para robar datos personales), el phishing (virus informáticos que pueden dañar sistemas y robar información) y ataques de denegación de servicios (DOS), los cuales tienen un impacto general que pueden afectar la seguridad financiera y la privacidad de los individuos y organizaciones.
Dentro de las amenazas a la privacidad y protección de datos tenemos las vulnerabilidades de datos personales, esta exposición a ataques compromete la privacidad y la seguridad de información personal; asimismo, existen desafíos de la ciberseguridad en el ámbito empresarial, dentro de este tenemos la protección de propiedad intelectual y la lucha contra el robo de propiedad intelectual y secretos comerciales y, la continuidad del negocio a través del desarrollo de estrategias ante la posibilidad de interrupciones cibernéticas.
Dentro de las tendencias y evolución de las amenazas en el ciberespacio tenemos los ataques automatizados, producto del aumento de la inteligencia artificial, el ransomware, que constituye una amenaza significativa con impactos financieros y operativos graves y, por último, las amenazas móviles, ya que el incremento del uso de dispositivos móviles ha conllevado a un aumento de amenazas dirigidos a estos dispositivos. En el marco de las medidas de protección y prevención en el ciberespacio tenemos las actualizaciones de seguridad, lo que implica mantener los sistemas actualizados con los últimos parches y actualizaciones de seguridad u apostar por la capacitación del personal, educando a los empleados sobre buenas prácticas de seguridad cibernética y conciencia de phishing.
Para hacer frente a los nuevos desafíos en el ciberespacio se requiere una educación continua que permita mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y amenazas cibernéticas, una colaboración global, pues solo una interconexión internacional nos permitirá contrarrestar las amenazas transnacionales en el ciberespacio y por último, un enfoque multifacético, implementando estrategias de seguridad cibernética que aborden desafíos desde los distintos ángulos.
Impacto de la migración en el Perú – Regulación, seguridad e integración
La Superintendencia Nacional de Migraciones es la autoridad peruana en materia migratoria interna encargada de ordenar la migración irregular, la regularización migratoria para contribuir a la seguridad y al orden interno, la promoción de la integración migratoria con enfoque de seguridad y derechos humanos y la adopción de medidas de protección a víctimas de delitos en el contexto de la migración. Dicho organismo ha impulsado modificaciones normativas fundamentales para personas extranjeras en el marco de las medidas de facilitación de la regularización de la migración irregular, habiendo atendido 176,961 solicitudes de amnistía de multas para personas extranjeras, 214,633 solicitudes de permiso temporal de permanencia y 131,190 solicitudes de cambio de calidad migratoria especial residente.
En este sentido se han adoptado medidas de verificación de antecedentes policiales, judiciales y penales, multas a empresas de transporte interprovincial, procedimiento administrativo sancionador especial y excepcional. Asimismo, se han registrado 18,348 expulsiones y salidas obligatorias desde el 2021 hasta el 2024, y 845,485 extranjeros regularizados o en proceso de regularización.
El impacto de la regularización en el proceso de gestión migratoria se expresa en la incorporación de población migrante como parte del público objetivo de las entidades públicas, la visualización de la población migrante como grupo de interés por las entidades financieras, el fortalecimiento del acceso a servicios mediante los sistemas de verificación de identidad y la protección para nacionales y extranjeros con enfoque de seguridad y derechos humanos.
Hoy la Superintendencia Nacional de Migraciones para hacer frente a los retos y desafíos se ha planteado articular y proponer respuestas regionales en materia de integración y seguridad nacional, fortalecer la integración migratoria, apuntando hacia la gestión integral de la migración, impulsar el cumplimiento de la Decisión N| 922 de la CAN, priorizando ámbitos de acción relacionados a la seguridad y lucha contra la delincuencia y promover espacios internacionales de sinergia institucional con otras autoridades del ámbito migratorio y de seguridad.
Desvío de armas de fuego y municiones que posibilitan tráfico de armas y municiones a través de organizaciones criminales
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) es el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Interior, que controla, administra, fiscaliza, norma y sanciona los servicios de seguridad privada, fabricación, comercio y uso de armas, municiones y conexos; explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, que otorga licencias de fabricación, comercialización, importación, exportación, internamiento, almacenamiento, traslado y posesión y uso de armas.
Define el tráfico ilícito de armas como toda transacción que se hace fuera del control de las autoridades competentes, ya sea a través de transferencias sin autorización de los gobiernos de los países exportadores, importadores y de tránsito o a través de transferencias que aprovechan los vacíos existentes en las leyes internacionales o nacionales para poder realizarse.
Este fenómeno transnacional está vinculado a delitos globales como el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la trata de personas, sicariato, etc. Y es considerado uno de los negocios ilícito más lucrativos a nivel mundial, generando cerca de 8.5 mil millones de dólares por las transferencias ilícitas de armas, accesorios y municiones, y constituye una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, así como para la seguridad pública internacional.
El uso ilegal de armas en el Perú está vinculado al tráfico ilícito de armas, crimen organizado, paramilitares, tala ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y minería ilegal, así como la delincuencia común. En cuanto al desvío de armas de uso legal es perpetrado por personas naturales y personas jurídicas en el mercado negro. Del 2017 al 2023 se ha registrado 7,361 armas declaradas perdidas y 7,579 armas robadas, entre ellas carabinas, escopetas, pistolas, revólver.
Estructura criminal de la actividad delictiva y crimen organizado en el Perú
Primeramente es necesario resaltar según la legislación penal peruana el delito común, de la banda criminal y la organización criminal. La delincuencia común se refiere a delitos menores como robo de celulares, carteras, mochilas, bolsos. La banda criminal representa un supuesto de asociación criminal o un concierto criminal y corresponde a un delito de tipo individual o colectivo que no alcanza la magnitud de una organización criminal que tiene una estructura criminal definida, formada por dos o más personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
Datos estadísticos revelan un incremento de la incidencia delictiva a nivel nacional en el periodo de los tres últimos años, el 2021 se registraron 40, 3071 delitos, el 2022 se registraron 497, 582.1 delitos y el 2023 se registraron 516, 505 delitos. Las zonas más afectadas fueron Lima, Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Piura, Junín y el Callao. Los delitos más frecuentes son los delitos contra el patrimonio, delitos contra la seguridad pública, delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública, delitos contra la familia, delitos ambientales. Los delitos relevantes y de impacto en Lima Metropolitana son el robo, los delitos informáticos, el hurto, la estafa y oras defraudaciones, extorsión, violación sexual, homicidio y secuestro.
El promedio de la tasa de victimización anual del periodo 2012-2023 es de 27.79% y el promedio anual de la percepción de inseguridad en el periodo 2012-2023 es de 85.9%, siendo los delitos de alto impacto el homicidio calificado-sicariato, la trata de personas, el secuestro típico y al paso, la extorsión y micro extorsión, el robo agravado y asalto con armas de fuego, el tráfico de armas y explosivos. Asimismo, el Perú es el primer país de acogida de personas venezolanas y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial, según Naciones Unidas, han ingresado al Perú más de 1,5 millones de personas venezolanas y más de 532,000 han solicitado condición de refugiado con necesidad de protección internacional. Según la estadística a nivel Latinoamericano la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Venezuela es de 40.4, en Colombia es de 26.1, en Ecuador es de 25.9, en Perú es de 6 y Chile es de 4,6.
La Policía Nacional del Perú en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada plantea como propuesta de buena práctica jueces sin rostros, práctica que fue aplicada en la lucha contra el terrorismo en la década de los 90, el incremento de penales, cero beneficios penitenciarios, prisión preventiva para detenidos para quien porte y/o use arma de fuego ilegal y explosivos, prisión preventiva para las organizaciones criminales y bandas que perpetren delitos de alto impacto, detención de 15 días a los integrantes de las organizaciones criminales y bandas criminales, así como un cambio del modelo procesal. La Policía Nacional ha realizado 5,361 requisas a nivel nacional y 191 megaoperativos incautándose diversos objetos, accesorios, sustancias ilícitas, entre otros. En relación a la población penitenciaria se registran a nivel nacional al 15 de enero de este año, 94,911 internos, de los cuales 4,617 son extranjeros, siendo la mayor parte población los de nacionalidad venezolana (3,275).
Alcances del Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad contra la delincuencia organizada trasnacional
En la XXIV Reunión Extraordinaria, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó la Decisión N| 922 “Acciones conjuntas urgentes para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional” y se adoptó un Plan de Acción Resolutivo (PAR) que establece una serie de medidas concretas para abordar la delincuencia organizada transnacional en la subregión andina.
En dicha reunión se han asumido 13 compromisos
1: Acciones de frontera, compromiso
2: Cooperación migratoria
3: Cooperación aduanera
4: Cooperación en minería ilegal
5: Cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas
6: Operaciones coordinadas
7: Cooperación en inteligencia
8: Cooperación reforzada contra el tráfico de armas
9: Cooperación en materia penitenciaria
10: Capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional
11: Red Andina de seguridad 24/7
12: Foro Internacional de delincuencia Organizada Internacional
13: Observatorio regional andino de seguridad.
Estos compromisos serán debatidos en el Grupo de Alto Nivel conformado por funcionarios de los países miembros de la Comunidad Andina, interconectándose para ello las Cancillerías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
