La mayoría del partido oficialista MORENA y sus aliados aprobaron en lo general, por 362 votos a favor y 133 en contra, el dictamen de la reforma constitucional para transferir la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría (Ministerio) de la Defensa Nacional (SEDENA).
Esta reforma otorga fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional, faculta al Presidente de la República para disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública; y le confiere la capacidad de investigar delitos, al igual que el Ministerio Público.
Los diputados de la oposición acusaron que se trata de la militarización de la seguridad pública en México, y recordaron que el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional, cuando se pretendió hacer lo mismo a través de modificaciones a las leyes secundarias.
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez (PAN) afirmó que la reforma representa un retroceso peligroso que no nos lleva más que a la militarización de la seguridad pública, “situación que ya antes ha sido señalada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya con anterioridad, realizó un análisis de fondo en este tema, invalidando exactamente lo mismo que hoy se presenta de nueva cuenta. Me pregunto: ¿qué parte no ha sido clara de este señalamiento que declara inconstitucional? Dar a la SEDENA el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, por contravenir su naturaleza civil, esta reforma implica debilitar la seguridad pública y generar un alto riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos. Entendemos que bajo el mando militar, las decisiones de seguridad seguirán una lógica de guerra, priorizando el uso de la fuerza y distorsionando el enfoque preventivo que debe prevalecer en una democracia. Insisto, esto aumenta el riesgo de actuaciones violatorias de Derechos Humanos”, dijo en tribuna.
Por su parte, Amnistía Internacional pidió al Senado mexicano no aprobar la reforma, pues ello significaría un grave retroceso en materia de derechos humanos.
La Guardia Nacional nació en 2019, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de reemplazar a la extinta Policía Federal, acusada por el Ejecutivo mexicano de ser corrupta, ineficaz y desordenada.
Aunque, en su creación, el nuevo ente de seguridad fue adscrito bajo el control de la Secretaría (Ministerio) de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), un ente civil, y se prometió mantenerlo así, la enmienda aprobada este 19 de septiembre cambiaría el panorama.
