- Implicaciones estratégicas de la captura de Maduro y de una transición negociada bajo presión.
- Mientras buena parte de los dem occidental hablan de soberanía y derecho internacional, millones de venezolanos dentro y fuera del país experimentan el 3 de enero como el principio del fin de una larga agonía.
*Andrea Guidugli / Opinión
La Spezia, Italia.- Cuando encendí la televisión el 3 de enero y vi las primeras imágenes de un ataque sobre Caracas, mi reacción no fue intelectual, fue visceral. Reconocí de inmediato nombres que forman parte de mi vida anterior: La Carlota, Fuerte Tiuna, El Hatillo. Lugares donde pasé largas jornadas de trabajo, donde compartí mesas, arepas y conversaciones con amigos venezolanos, muchos de ellos descendientes de aquella inmigración italiana que encontró en Venezuela una segunda patria después de la Segunda Guerra Mundial. Durante unos minutos, lo confieso, pensé que por fin las Fuerzas Armadas venezolanas habían decidido recuperar una parte de su dignidad y de honor y actuar desde dentro contra un presidente ilegítimo, elegido en procesos cuestionados y sostenido durante años más por la represión que por el consentimiento. Habría sido una salida más limpia, más “venezolana”, menos vulnerable a las acusaciones externas. Pero pronto quedó claro que no se trataba de un golpe interno y supe, casi al mismo tiempo, cómo reaccionaría el discurso político europeo y latinoamericano: indignación por la violación de la soberanía, apelaciones al derecho internacional, silencio selectivo sobre lo que ese mismo derecho nunca quiso ver dentro de Venezuela.
En Global Defense Magazine escribí ya en 2024, en un artículo titulado “Venezuela debe liberarse de la dictadura de Maduro” (https://globaldefense.com.mx/venezuela-debe-liberarse-de-la-dictadura-de-maduro/), que la combinación de colapso institucional, captura del Estado por redes corruptas y destrucción deliberada del aparato productivo había llevado al país a un punto de no retorno. La operación del 3 de enero no hace más que confirmar aquella tesis, con un elemento adicional: demuestra que el mito de la intangibilidad del régimen era precisamente eso, un mito.
La operación: precisión militar y silencio de las armas
Más allá de la narrativa política, la operación estadounidense tiene rasgos claros desde el punto de vista militar. No fue una invasión, ni una campaña prolongada, ni una intervención destinada a ocupar territorio. Fue una acción de decapitación quirúrgica, limitada en el tiempo y en los objetivos, orientada a neutralizar nodos específicos del poder chavista y extraer a Nicolás Maduro y a su entorno inmediato para llevarlos a juicio fuera del país.
Lo más revelador no fueron las explosiones, sino el silencio de la defensa venezolana. No hubo reacción aérea, no se registró uso significativo de sistemas antiaéreos, no se produjeron enfrentamientos convencionales de entidad. Hubo, sí, bombardeos puntuales sobre instalaciones estratégicas y un número de víctimas que distintas fuentes sitúan entre varias decenas y más de ochenta muertos, incluyendo personal venezolano y extranjero, en un país que desde hace años alberga asesores cubanos, iraníes y de otros aliados del régimen. Según fuentes internas consultadas por el autor, uno de los ataques habría alcanzado un depósito de municiones de la Infantería de Marina, objetivo coherente con una lógica de neutralización de capacidades sin desencadenar una guerra abierta.
La ausencia de respuesta efectiva indica tres cosas. Primero, que la operación estuvo precedida por un trabajo de inteligencia prolongado, con información muy precisa sobre la ubicación de centros de mando, depósitos y estructuras de seguridad. Segundo, que en el seno del aparato chavista existían ya fisuras profundas, sectores dispuestos a no combatir, o al menos a no arriesgarlo todo por un liderazgo agotado. Tercero, que la moral y la disciplina de combate de muchas unidades estaban erosionadas por años de instrumentalización política, corrupción y degradación profesional. Un régimen puede controlar la calle mediante colectivos armados y fuerzas especiales, pero eso no significa que esté en condiciones de enfrentar a un actor militar de primer nivel.
¿Derecho internacional? Entre la teoría y la realidad
Buena parte de las reacciones críticas en Europa y América Latina se articularon en torno a la idea de la violación del derecho internacional. Conviene tomar esa objeción en serio, pero también constatar hasta qué punto ese derecho se ha convertido, en las últimas décadas, en una referencia ritual más que en una norma realmente aplicada. La ONU ha sido incapaz de frenar agresiones flagrantes, ha tolerado dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos de su población y ha permitido que el principio de soberanía se utilice como escudo para la impunidad.
En el caso venezolano, la discusión sobre legalidad formal suele omitir un dato esencial: el propio carácter del régimen. Elecciones manipuladas, inhabilitación de líderes opositores, control de los poderes públicos, gestión estatal del narcotráfico, uso sistemático de la tortura, presos políticos, desapariciones, represión letal de manifestaciones, manipulación del acceso a alimentos y medicinas a través del Carnet de la Patria. Si el derecho internacional tiene algún sentido es precisamente para proteger a poblaciones sometidas a este tipo de prácticas. Presentar al régimen de Maduro como un gobierno soberano plenamente legítimo y al país como un sujeto pasivo de agresiones externas es una simplificación que no resiste el análisis de los últimos 15 años.
De fondo aparece también un doble estándar ideológico. Cuando en 2011 se intervino en Libia, buena parte de la izquierda occidental aplaudió o miró hacia otro lado. En 2026, ante una acción cualitativamente distinta sobre Venezuela, la misma familia política invoca con vehemencia la sacralidad de la soberanía. La diferencia no está en la letra del derecho internacional, sino en la simpatía o antipatía hacia el régimen afectado. Esa selectividad le resta credibilidad al discurso jurídico y refuerza la percepción —especialmente en América Latina— de que muchas posiciones no se guían por principios, sino por afinidades ideológicas.
El mito del petróleo y la realidad de un país destruido desde dentro
Una de las explicaciones más repetidas tras el 3 de enero fue que Estados Unidos actuó para “quedarse con el petróleo venezolano”. Es una lectura cómoda, pero equivocada. Hoy, Estados Unidos es un productor energético de primer nivel, con autosuficiencia en hidrocarburos y capacidad exportadora. El crudo venezolano es pesado, requiere refino específico y está asociado a una infraestructura deteriorada tras años de abandono y saqueo. Si Washington hubiese querido asegurarse el control de esos recursos, lo habría hecho por vías económicas o negociadas, no mediante una operación relámpago de decapitación política.
Lo que destruyó a Venezuela no fue la presencia de compañías extranjeras, sino precisamente su expulsión y sustitución por una gestión ideologizada y amateur de la industria. PDVSA pasó, en pocas décadas, de ser una de las petroleras más eficientes del mundo a convertirse en un instrumento de reparto político, donde se despidió a miles de técnicos cualificados, se paralizaron inversiones, se descuidó la manutención y se desvió el flujo de recursos hacia redes de clientelismo interno y alianzas externas con Cuba, Rusia, China e Irán. Los resultados son conocidos: un país con las mayores reservas de crudo del planeta que sufre escasez de gasolina, refinerías casi paralizadas, fuga de personal técnico y una red de corrupción que abarca desde la cúpula hasta los niveles intermedios.
En paralelo, la economía real se fue vaciando. Expropiaciones, controles de precios, destrucción de la institucionalidad, inseguridad jurídica. Agricultores, pequeños industriales y comerciantes vieron cómo sus márgenes desaparecían y cómo el Estado se convertía en un socio asfixiante. El éxodo de más de 7 millones de venezolanos en la última década no es el resultado de un conflicto externo, sino la consecuencia directa de una gestión interna que hizo invivible la vida cotidiana: filas interminables para conseguir alimentos básicos, racionamiento, colapso de los servicios públicos, inseguridad rampante. Ese dato, el de millones de personas que abandonan su país sin guerra declarada, debería ser el centro de cualquier análisis serio sobre soberanía y legitimidad.
Venezuela vista desde fuera y desde dentro
La operación del 3 de enero evidenció una contraste que muchos prefieren ignorar. Mientras en varias capitales europeas y latinoamericanas se organizaban manifestaciones de rechazo a la “agresión imperialista”, en ciudades con fuerte presencia de diáspora venezolana — desde Miami hasta Santiago de Chile, pasando por Lima, Bogotá, Ciudad de México y Madrid — se registraron concentraciones espontáneas de alivio y esperanza. No euforia irresponsable, sino el gesto contenido de quien intuye que, al menos, se ha quebrado un equilibrio insoportable.
Quien ha pasado tiempo en Venezuela sabe que esta fractura no es abstracta. En los años en que todavía se encontraba de todo en los supermercados de Caracas y los restaurantes de Las Mercedes seguían llenos, el país era ya una sociedad estratificada, con una élite política y económica que vivía al margen de las penurias que se aproximaban. Después, las señales se hicieron visibles: desabastecimiento, deterioro de la seguridad ciudadana, manipulación política del acceso a los bienes básicos, control social a través de programas de ayuda condicionados, presencia creciente de grupos armados irregulares. Mucho antes de que se hablara de intervención externa, millones de venezolanos habían votado con los pies.
Ese contraste entre el relato externo — Venezuela como víctima de una agresión unilateral — y la experiencia interna — Venezuela como país secuestrado por su propio régimen — explica por qué la reacción en la diáspora ha sido tan distinta a la del espacio político europeo. Para quien ha hecho filas por horas para conseguir harina o medicamentos, para quien ha visto desaparecer a un familiar tras una protesta, para quien ha tenido que abandonar su casa para evitar represalias, el marco de análisis no es el de los manuales de derecho internacional, sino el de la supervivencia.
Un régimen herido, no derrotado: el tríptico de poder y la lógica de la transición
La captura de Maduro no implica, por sí sola, la caída del chavismo. El régimen, en tanto entramado de intereses, redes de poder y estructuras institucionales, sigue existiendo. De hecho, lo que distingue la fase posterior al 3 de enero no es la desaparición del sistema, sino su reconfiguración interna.
Hasta la operación, el poder se distribuía en torno a varios polos: el propio Maduro y su círculo familiar; Diosdado Cabello, con influencia sobre sectores del partido y del aparato de seguridad; Vladimir Padrino López, figura clave en la jerarquía militar; y el tándem formado por Delcy y Jorge Rodríguez, con fuerte control institucional y capacidad de maniobra política. Con la extracción de Maduro, ese equilibrio cambió y obligó a una rápida recomposición.
Desde la perspectiva de Washington, la cuestión central no es solo quién cae, sino con quién se puede negociar la transición. Experimentos anteriores — como el interinato de Juan Guaidó o los contactos discretos con Padrino López — demostraron los límites de las soluciones basadas únicamente en la oposición formal o en acuerdos con figuras militares poco fiables. El resultante es un escenario en el que convergen tres actores principales:
- El Presidente electo no investido, hoy en Florida, que aporta legitimidad electoral e internacional, pero carece de control territorial y de palancas inmediatas sobre el aparato estatal.
- La actual Presidenta interina Delcy Rodríguez, (ex vicepresidenta) y su hermano Jorge, que representan la capacidad de control interno, conocen los resortes de la administración y mantienen interlocución con las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.
- María Corina Machado, figura de la oposición con legitimidad política y moral, respaldo social y una narrativa de cambio que conecta con buena parte de la población, pero sin control sobre el aparato estatal ni sobre los mecanismos de coerción.
Estados Unidos ha optado por explorar un acuerdo con el sector Rodríguez, no por afinidad, sino por cálculo: son quienes pueden garantizar, en el corto plazo, una mínima gobernabilidad mientras se negocian pasos concretos hacia una apertura política. La presencia del Presidente electo en Florida es esencial para dotar de marco jurídico y reconocimiento internacional a cualquier pacto, mientras que Machado — y la oposición real — serán necesarias para que la transición no se convierta en una mera rotación de élites dentro del mismo sistema.
Este “tríptico” no garantiza el éxito, pero muestra con claridad la lógica de la transición negociada bajo presión: se utiliza una operación militar limitada para alterar el equilibrio de fuerzas y luego se fuerzan, desde una posición de ventaja, conversaciones con actores que hasta ayer parecían inamovibles. Para el régimen que queda, el mensaje es inequívoco: si se entregó a Maduro, también se puede entregar a otros.
Conclusión: el inicio del final, no el final de la historia
La “exfiltración” de Maduro no liberó a Venezuela. El país sigue controlado, en buena medida, por las mismas estructuras que lo llevaron al colapso; las Fuerzas Armadas no se han convertido de la noche a la mañana en garantes de la democracia y la economía no va a recuperarse por efecto automático de un cambio en el Palacio de Miraflores. Pero algo sí cambió de manera irreversible: se rompió el mito de la intocabilidad del régimen.
Para quienes conocimos un Venezuela distinto — más ordenado, más próspero, más abierto —, resulta doloroso constatar hasta qué punto la destrucción ha sido interna y no externa. No fue el “imperialismo” quien vació los supermercados, quien convirtió la emigración en fenómeno masivo, quien degradó una de las industrias petroleras más eficientes del planeta. Fueron decisiones políticas concretas, tomadas en nombre de una revolución que terminó beneficiando a una minoría.
En ese contexto, reducir la operación del 3 de enero a una confrontación simplista entre Washington y Caracas significa ignorar a los verdaderos protagonistas: millones de venezolanos que llevan años pagando el precio de ese experimento. El futuro del país dependerá menos de los discursos sobre soberanía que de la capacidad de articular una transición que combine presión externa, negociación interna y reconstrucción institucional. La captura de Maduro es solo el primer movimiento en esa dirección. No garantiza el desenlace, pero marca con claridad que el tiempo del inmovilismo ha terminado.
*Andrea Guidugli / Consultor y Periodista
Miembro Federación Periodistas de la
ciudad di Madrid. Periodista y Opinionista
acreditado por la Federación Internacional
de la Prensa de Bruselas
Italia / Articulista Invitado
