- Las sociedades no comienzan a perder el control cuando aparece el crimen organizado. Lo comienzan a perder mucho antes, cuando dejan de reaccionar frente a las pequeñas señales de desorden que anuncian su llegada.
Richard Biernay Arriagada / Opinión
Santiago, Chile.- Durante décadas, muchas autoridades latinoamericanas han considerado las incivilidades como problemas menores, casi exclusivamente estéticos o propios de la convivencia urbana. Un muro rayado con grafitis, basura acumulada en espacios públicos, vehículos abandonados, propiedades ocupadas ilegalmente, comercio ambulante sin control, consumo de alcohol y drogas en plazas, prostitución callejera, campamentos improvisados, personas viviendo permanentemente en espacios públicos o basurales clandestinos suelen ser observados como fenómenos aislados, inevitables o simplemente como consecuencias de problemas sociales más profundos.
Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que estos fenómenos trascienden la mera percepción de suciedad o deterioro urbano. Constituyen señales visibles del debilitamiento del control social, de la pérdida de autoridad del Estado sobre determinados espacios y, muchas veces, del inicio de procesos mucho más complejos de degradación territorial.
Esta idea fue desarrollada en 1982 por los académicos James Q. Wilson y George L. Kelling mediante la conocida **Teoría de las Ventanas Rotas**. Su hipótesis era sencilla, pero profundamente provocadora: cuando una ventana rota permanece sin reparar, transmite el mensaje de que nadie está a cargo. Poco tiempo después aparecen nuevas ventanas quebradas, actos de vandalismo, abandono y un progresivo deterioro del entorno.
No era la ventana la que producía el delito. Era el mensaje de ausencia de control
Los autores sostenían que el desorden visible modifica las conductas colectivas. Los vecinos dejan de utilizar los espacios públicos, disminuye la vigilancia informal entre la comunidad, aumenta la percepción de inseguridad y quienes están dispuestos a infringir la ley encuentran un ambiente cada vez más favorable para hacerlo.
Con los años, la teoría fue objeto de importantes debates académicos. Algunos estudios cuestionaron que exista una relación causal directa entre incivilidades y delincuencia. Sin embargo, existe un consenso mucho más amplio respecto de otro aspecto: el deterioro sostenido del espacio público constituye un indicador relevante de debilitamiento institucional y facilita condiciones para la expansión de otras formas de criminalidad cuando no existe una intervención oportuna. Y es precisamente allí donde América Latina parece estar repitiendo una historia que ya conocemos.
Las incivilidades rara vez permanecen estáticas. Escalan
Lo que comienza con grafitis sistemáticos puede terminar convirtiéndose en barrios completamente capturados por bandas. Lo que inicia con consumo abierto de drogas en plazas puede transformarse en puntos permanentes de microtráfico. Lo que parece un campamento informal puede evolucionar hacia territorios donde el Estado prácticamente deja de ejercer autoridad. La prostitución callejera sin regulación puede abrir espacios para la explotación sexual y posteriormente para redes de trata de personas. Los inmuebles abandonados u ocupados ilegalmente pueden convertirse en centros de almacenamiento de drogas, armas o mercancía ilícita.
No se trata simplemente de una sucesión de hechos. Existe un proceso de apropiación progresiva del territorio. Cuando las instituciones dejan de ejercer control cotidiano, otros actores comienzan a ocupar ese vacío. En criminología este fenómeno suele explicarse mediante la convergencia de varios factores: disminuye el control formal ejercido por policías y municipios, también se debilita el control informal de los propios vecinos, aumenta la percepción de impunidad; y las organizaciones criminales identifican espacios donde operar implica menores costos y menores riesgos.
La historia reciente ofrece numerosos ejemplos. En Colombia, diversos barrios urbanos comenzaron experimentando procesos de deterioro físico y abandono estatal antes de transformarse en enclaves controlados por estructuras del narcotráfico. En Brasil, muchas favelas evolucionaron desde asentamientos informales hacia territorios donde organizaciones criminales llegaron a reemplazar parcialmente funciones propias del Estado. En México, numerosas colonias con baja presencia institucional fueron progresivamente ocupadas por grupos vinculados al narcotráfico, la extorsión y el control territorial. En Ecuador, ciudades que hace apenas algunos años eran consideradas relativamente seguras comenzaron a experimentar un rápido deterioro urbano acompañado del fortalecimiento de organizaciones criminales transnacionales. Cada país posee realidades distintas. Pero el patrón resulta inquietantemente similar. El deterioro urbano sostenido suele anteceder o acompañar procesos mucho más profundos de captura criminal del territorio.
Chile tampoco puede asumir que está inmunizado frente a este fenómeno. Durante muchos años el país construyó una imagen de estabilidad institucional y seguridad relativa respecto de otros países de la región. Sin embargo, diversos barrios comienzan a mostrar señales preocupantes: ocupaciones ilegales, comercio ilícito, consumo abierto de drogas, aumento de personas viviendo en espacios públicos, inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas, proliferación de basurales clandestinos y una creciente sensación de abandono por parte de las comunidades.
Estas manifestaciones no constituyen únicamente problemas de aseo o de convivencia. Representan indicadores tempranos que deberían activar respuestas preventivas mucho antes de que aparezcan delitos de mayor gravedad. Cuando esos espacios permanecen sin intervención durante años, el problema deja de ser urbano y comienza a convertirse en un problema de seguridad pública. Y cuando tampoco existe una respuesta eficaz frente al incremento de robos, violencia, tráfico de drogas o porte ilegal de armas, el escenario continúa escalando. Las organizaciones criminales comprenden mejor que nadie el valor estratégico del territorio. Necesitan barrios donde nadie denuncie. Calles donde la policía ingrese poco. Espacios públicos abandonados. Comunidades resignadas. Autoridades ausentes. Allí consolidan mercados ilegales, reclutan menores de edad, almacenan armamento, desarrollan economías ilícitas y establecen redes que posteriormente se conectan con fenómenos mucho más complejos como el tráfico internacional de drogas, la trata de personas, el contrabando, el lavado de activos o la migración clandestina administrada por estructuras criminales.
La gran lección que deja la experiencia internacional es que combatir únicamente el crimen organizado cuando este ya se encuentra instalado constituye una estrategia extraordinariamente costosa y muchas veces insuficiente. La verdadera prevención comienza mucho antes. Empieza cuando una comunidad decide recuperar una plaza. Cuando un municipio elimina un basural clandestino antes de que se transforme en un punto de venta de drogas. Cuando una propiedad abandonada vuelve a tener uso legal y legítimo. Cuando una ocupación ilegal recibe una respuesta institucional oportuna. Cuando la policía ejerce presencia permanente. Cuando los vecinos vuelven a sentir que el espacio público les pertenece. En definitiva, la lucha contra las incivilidades nunca ha sido una discusión sobre limpieza urbana o estética de las ciudades. Es una discusión sobre gobernabilidad. Sobre autoridad democrática. Sobre la capacidad del Estado para ejercer soberanía efectiva en cada barrio de su territorio.
Porque el crimen organizado no aparece de un día para otro. Llega caminando por una ventana rota que durante demasiado tiempo nadie quiso reparar.
Richard Biernay Arriagada / Consultor Senior
Articulista invitado / Especialista en Seguridad Pública y Gobernanza territorial en Chile
Es Ingeniero Civil Industrial, Relacionador Público, Magíster en Didáctica para la Educación Superior y Oficial Superior en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Fue Jefe de Interpol Chile, Jefe del Laboratorio de Criminalística Central, Jefe de la Prefectura Colchagua y Cardenal Caro y Agregado Policial de Chile en Emiratos Árabes Unidos.
Fue Premio Nacional de Relaciones Públicas de Chile 2021, actualmente se desempeña como consultor senior y académico en materias de seguridad, comunicación estratégica y gobernanza institucional. Correo: biernay@gmail.com
