*Andrea Guidugli / Opinión
La Spezia, Italia.-La violencia sexual como arma de guerra. El informe israelí “Silenced No More” reabre el debate sobre las violaciones del 7 de octubre, la batalla mediática sobre las pruebas y el peligro de transformar incluso el horror en propaganda.
Quienes entraron en los kibutz destruidos del sur de Israel después del 7 de octubre de 2023 comprendieron inmediatamente que allí había ocurrido algo más que una masacre convencional. Las casas incendiadas, los vehículos perforados por disparos y los cadáveres calcinados no eran el único elemento del horror. Había otro detalle, mucho más perturbador, que aparecía una y otra vez en los testimonios de socorristas, médicos forenses y soldados encargados de recuperar los cuerpos: señales evidentes de violencia sexual extrema.
En Kfar Aza, Be’eri y en las inmediaciones del festival Nova, numerosos cuerpos fueron hallados desnudos, mutilados o en posiciones incompatibles con una simple ejecución. Algunos equipos de rescate relataron escenas que recordaban más a ciertos episodios de Bosnia o Rwanda que a un ataque terrorista convencional.
En los días posteriores al ataque, mientras Israel todavía intentaba identificar centenares de víctimas en la base militar de Shura, comenzó también otra batalla: la de la credibilidad. Porque casi desde el inicio surgieron voces que cuestionaban o minimizaban las acusaciones de violaciones y mutilaciones sexuales cometidas por Hamas durante el asalto del 7 de octubre. Parte de la discusión internacional se desplazó rápidamente desde el horror mismo hacia una disputa política y mediática sobre las pruebas, las fuentes y la utilización propagandística de las denuncias.
Sin embargo, a diferencia de otros conflictos del pasado, esta vez existía un elemento adicional: gran parte de los propios atacantes había filmado sus acciones. Videos encontrados en cámaras corporales, teléfonos móviles y dispositivos recuperados tras el ataque comenzaron a circular entre investigadores, servicios de inteligencia y equipos forenses. A ello se sumaron testimonios directos de supervivientes, informes médicos y declaraciones de personal de emergencia que trabajó durante semanas entre restos humanos casi irreconocibles.
Dos años y medio después, el informe “Silenced No More”, elaborado por la Civil Commission on Hamas Crimes against Women and Children, intenta transformar ese conjunto fragmentado de imágenes, testimonios y materiales audiovisuales en un cuerpo documental estructurado. El resultado es un dossier de aproximadamente 300 páginas basado en unas 1.800 horas de análisis y en la revisión de cerca de 10.000 fotografías y videos. Pero el verdadero impacto del informe no reside únicamente en sus dimensiones o en la brutalidad de los testimonios recopilados. El problema más profundo es otro: qué ocurre cuando incluso la violencia sexual masiva deja de producir una reacción moral universal y se convierte inmediatamente en objeto de polarización ideológica, sospecha narrativa y guerra propagandística.
La violencia sexual como arma de guerra
La utilización de la violencia sexual en los conflictos armados no constituye una anomalía histórica ni el resultado accidental del caos bélico. En numerosos escenarios del siglo XX y XXI, la violación, la mutilación sexual y la humillación del cuerpo han sido utilizadas deliberadamente como instrumentos de terror, dominación y destrucción psicológica colectiva.
Durante el avance soviético hacia Berlín en 1944 y 1945, centenares de miles de mujeres alemanas y también polacas, húngaras y de otros territorios ocupados, fueron víctimas de violaciones masivas cometidas por soldados del Ejército Rojo. Durante décadas, aquel episodio permaneció parcialmente oculto bajo la retórica heroica de la victoria sobre el nazismo.
Décadas más tarde, en la guerra de Bosnia, la violencia sexual reapareció como herramienta sistemática de limpieza étnica. Mujeres musulmanas fueron encerradas en centros de violación organizados por milicias serbias, en una estrategia destinada no solamente a destruir físicamente a las víctimas, sino también a quebrar el tejido social y familiar de comunidades enteras.
En Rwanda, durante el genocidio de 1994, decenas de miles de mujeres tutsis fueron violadas de manera sistemática. Muchas fueron posteriormente asesinadas; otras quedaron embarazadas o infectadas deliberadamente con VIH. Allí también el cuerpo femenino se transformó en un territorio simbólico de exterminio.
Más recientemente, el Estado Islámico convirtió la esclavitud sexual de las mujeres yazidíes en parte explícita de su estructura ideológica y operacional. Las víctimas eran clasificadas, distribuidas y comercializadas como botín de guerra, mientras la propia organización justificaba religiosamente esos abusos.
Boko Haram, en Nigeria, siguió patrones similares mediante secuestros masivos, matrimonios forzados y utilización de niñas y adolescentes como instrumentos de terror psicológico sobre poblaciones enteras.
En todos estos casos aparece un elemento común: la violencia sexual deja de ser un crimen individual para convertirse en una herramienta colectiva de poder. Su objetivo no es solamente destruir a la víctima directa. Busca humillar comunidades enteras, sembrar miedo duradero, fracturar vínculos familiares y transmitir un mensaje político y psicológico mucho más amplio que la propia acción militar. Por esa razón, numerosos tribunales internacionales comenzaron progresivamente a considerar la violación sistemática como crimen de guerra, crimen contra la humanidad e incluso componente potencial de prácticas genocidas.
El debate que hoy rodea al 7 de octubre no surge, por lo tanto, en un vacío histórico. Lo que está en discusión no es solamente si ocurrieron violaciones o mutilaciones sexuales durante el ataque de Hamas, sino también si esas acciones formaban parte de un patrón organizado de terror comparable al observado en otros conflictos contemporáneos y precisamente allí comienza la batalla política, mediática y jurídica que todavía continúa abierta.
El 7 de octubre y el problema de la prueba
Las primeras acusaciones sobre violencia sexual durante el ataque de Hamas aparecieron pocas horas después del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, casi inmediatamente comenzó otra batalla paralela: la disputa sobre la credibilidad de las pruebas. En los días posteriores a la masacre, Israel difundió testimonios de supervivientes, declaraciones de socorristas y material audiovisual recuperado de cámaras corporales, teléfonos móviles y dispositivos pertenecientes a los propios atacantes. Paralelamente, periodistas extranjeros que ingresaron en los kibutz destruidos comenzaron a describir escenas compatibles con violencia sexual extrema, pero el contexto presentaba enormes dificultades probatorias.
Muchos cuerpos habían sido quemados, mutilados o destruidos durante los ataques y los incendios posteriores. En numerosos casos no fue posible realizar exámenes forenses completos. La prioridad inicial de las autoridades israelíes consistió en identificar víctimas, recuperar restos humanos y responder a una situación militar todavía activa, más que en preservar escenas del crimen bajo estándares judiciales tradicionales. Esa combinación de caos, trauma y destrucción abrió rápidamente un espacio para la controversia. Algunos sectores sostuvieron que Israel estaba utilizando acusaciones imposibles de verificar para reforzar la legitimidad internacional de su respuesta militar en Gaza. Otros afirmaron que existía una tendencia automática a exigir un nivel de prueba extraordinariamente superior cuando las víctimas eran israelíes.
El debate alcanzó dimensión global tras la publicación, en diciembre de 2023, del reportaje del New York Times “Screams Without Words”, dedicado a las presuntas violaciones y mutilaciones sexuales cometidas durante el ataque. El artículo produjo un impacto enorme, pero también provocó fuertes críticas. Diversos periodistas, académicos y medios alternativos cuestionaron algunos aspectos metodológicos del trabajo: el uso de testimonios indirectos, la imposibilidad de verificar ciertos episodios concretos y la presión política existente en torno al relato del 7 de octubre. La investigación de The Intercept, particularmente agresiva contra el New York Times, intentó desacreditar parte del proceso editorial y de verificación utilizado por el periódico estadounidense. El resultado fue paradójico.
Mientras las imágenes del ataque seguían circulando y numerosos equipos forenses israelíes insistían en que existían evidencias claras de violencia sexual sistemática, parte de la discusión internacional comenzó a desplazarse desde los hechos hacia la legitimidad misma de quienes los denunciaban. La cuestión dejó entonces de ser exclusivamente criminal o humanitaria. Se transformó en una guerra narrativa. En ese escenario, cada fotografía, cada testimonio y cada informe pericial comenzaron a ser analizados no solamente por su valor probatorio, sino también por su utilidad política.
“Silenced No More”
Dos años y medio después del ataque, la Civil Commission on Hamas Crimes against Women and Children intentó responder precisamente a esa crisis de credibilidad mediante un enfoque mucho más amplio y sistemático. El resultado fue el informe “Silenced No More”. La comisión, dirigida por la experta jurídica Cochav Elkayam-Levy, reunió testimonios de supervivientes, personal médico, socorristas, investigadores forenses y antiguos rehenes. El trabajo incluyó además el cruce de datos audiovisuales, informes médicos y procedimientos de identificación realizados durante los días posteriores al ataque. Uno de los elementos más perturbadores del informe reside en el origen de parte del material analizado. Como ya mencionado numerosas imágenes y grabaciones proceden de cámaras corporales, teléfonos móviles y dispositivos utilizados por los propios miembros de Hamas y de las unidades Nukhba durante el asalto. Según los autores del informe, la violencia sexual no aparece como una consecuencia marginal del caos operativo, sino como un patrón recurrente presente en distintos escenarios del ataque: kibutz, carreteras, refugios y el festival Nova.
Las conclusiones describen violaciones individuales y grupales, mutilaciones sexuales, desnudez forzada, humillación pública de cadáveres y agresiones cometidas delante de familiares o de otras víctimas. El informe introduce además un concepto particularmente inquietante: el “kinocide”, entendido como la destrucción deliberada de la unidad familiar mediante violencia extrema, humillación sexual y asesinato de miembros de una misma familia ante otros parientes. Más allá de la brutalidad de los testimonios, la comisión persigue también un objetivo jurídico y político más amplio: consolidar estándares internacionales que reconozcan la violencia sexual sistemática como herramienta de guerra, terrorismo y exterminio colectivo.
El documento establece paralelos con Bosnia, Rwanda, el Estado Islámico y los ataques contra comunidades yazidíes, subrayando que este tipo de violencia busca destruir no solamente cuerpos individuales, sino también la cohesión psicológica y cultural de sociedades enteras. El impacto internacional del informe ha sido considerable precisamente porque intenta llenar el vacío probatorio que durante meses alimentó sospechas, negaciones y acusaciones cruzadas. Sin embargo, la batalla narrativa no terminó allí.
La guerra de las narrativas
Mientras el informe “Silenced No More” comenzaba a circular en medios internacionales y ámbitos jurídicos, una nueva polémica volvió a colocar la violencia sexual en el centro del enfrentamiento político y mediático sobre el conflicto. Un reciente artículo publicado por el New York Times acusó a Israel de abusos sexuales contra detenidos palestinos, incluyendo denuncias particularmente difíciles de verificar y relatos extremadamente controvertidos. El problema no reside en investigar posibles abusos. Toda democracia que pretenda conservar legitimidad internacional tiene la obligación de investigar violaciones de derechos humanos, incluso, y especialmente, en contextos de guerra y terrorismo.
La cuestión central es otra: el contraste entre los estándares probatorios aplicados en uno y otro caso.
Durante meses, numerosos sectores internacionales cuestionaron o minimizaron las acusaciones sobre violencia sexual cometida el 7 de octubre, aun cuando existían testimonios directos, evidencia audiovisual y declaraciones de personal forense que trabajó sobre el terreno.
En cambio, acusaciones mucho menos documentadas contra Israel recibieron rápidamente amplia difusión mediática y una inmediata legitimidad política en amplios sectores de la opinión pública occidental. Ese doble estándar constituye hoy uno de los elementos más explosivos de toda la discusión.
Parte de la percepción israelí, y también de muchos observadores internacionales, es que la violencia sexual dejó de analizarse exclusivamente como un crimen y pasó a convertirse en un instrumento de confrontación narrativa, donde la credibilidad de las víctimas parece depender cada vez más de la identidad política del agresor.
En ese contexto, incluso los hechos más atroces corren el riesgo de transformarse en simples herramientas de propaganda recíproca. La consecuencia más peligrosa de este fenómeno no es únicamente la polarización política. El verdadero riesgo es la erosión progresiva de una reacción moral universal frente al horror. Cuando cada atrocidad necesita antes una validación ideológica para ser reconocida, la empatía deja de funcionar como principio humano y comienza a operar como mecanismo tribal.
El impacto psicológico de la barbarie
Existe otro aspecto mucho más difícil de medir y que raramente aparece en los informes oficiales o en los debates televisivos: el impacto psicológico que produce la exposición prolongada a este tipo de violencia extrema. Socorristas, médicos forenses, fotógrafos de guerra, investigadores y periodistas que trabajaron sobre el 7 de octubre describieron una experiencia distinta a la habitual brutalidad de los conflictos armados. No se trataba solamente de cadáveres o escenas de combate. Lo que muchos encontraron fue una combinación de asesinato, humillación sexual, mutilación y exhibición deliberada del horror. Ya sabemos que muchos de los materiales analizados por investigadores y periodistas ni siquiera fueron obtenidos clandestinamente. Los propios atacantes registraron parte de sus acciones y las difundieron orgullosamente durante las primeras horas del ataque. Ese detalle modifica profundamente la percepción del crimen. La violencia deja de aparecer como un exceso caótico producido por la guerra y comienza a adquirir una dimensión performativa y propagandística. El horror no solamente debía ejecutarse; también debía ser mostrado.
Numerosos corresponsales de guerra han descrito históricamente un fenómeno similar: llega un momento en que la exposición continua a determinadas imágenes termina erosionando las defensas morales del observador. No se trata de perder sensibilidad frente a la muerte. El problema es otro, aparece una sensación progresiva de fractura interior, de agotamiento emocional y, en algunos casos, incluso de pérdida de empatía hacia el sufrimiento del otro.
Allí surge uno de los dilemas más incómodos del conflicto contemporáneo: cómo documentar la barbarie sin terminar absorbido psicológicamente por ella. La pregunta resulta particularmente relevante en una época dominada por redes sociales, videos virales y circulación instantánea de imágenes extremas. Nunca en la historia las atrocidades habían sido observadas, compartidas y discutidas en tiempo real a escala global. El riesgo es evidente. La sobreexposición permanente al horror puede producir no solamente trauma, sino también radicalización emocional. El observador deja entonces de analizar y comienza a reaccionar tribalmente, identificando víctimas y victimarios únicamente según afinidades ideológicas previas. En ese punto, incluso la capacidad de compasión comienza a deteriorarse.
Cuando el horror se vuelve tribal
La discusión sobre el 7 de octubre ya no gira únicamente alrededor de Hamas, Israel o Gaza. El verdadero debate revela algo más profundo y perturbador: la creciente incapacidad de las sociedades contemporáneas para reaccionar de manera universal frente a determinadas formas de violencia extrema. El informe “Silenced No More” intenta consolidar un registro documental sobre hechos que durante meses estuvieron rodeados de sospechas, negaciones y disputas ideológicas. Sus conclusiones seguirán siendo discutidas y probablemente también cuestionadas. Eso forma parte inevitable de cualquier conflicto moderno. Sin embargo, existe un dato imposible de ignorar: la violencia sexual ha vuelto a ocupar un lugar central como instrumento de terror y destrucción psicológica colectiva, exactamente igual que ocurrió en Bosnia, Rwanda o bajo el Estado Islámico. La diferencia es que, esta vez, gran parte de esa violencia fue registrada y difundida por los propios perpetradores.
Precisamente por eso resulta inquietante comprobar cómo incluso frente a imágenes, testimonios y materiales forenses de enorme brutalidad, el debate internacional deriva rápidamente hacia una lógica de alineamientos automáticos, donde cada hecho es evaluado según conveniencias políticas previas.
Cuando la violación masiva, la humillación sexual y la destrucción deliberada de familias enteras dejan de provocar una reacción humana inmediata y pasan a convertirse apenas en munición ideológica, algo comienza a quebrarse más allá de Medio Oriente. Tal vez allí aparezca la verdadera eclipse de la empatía.
*Andrea Guidugli / Consultor y Periodista
Miembro Federación Periodistas de la
ciudad di Madrid. Periodista y Opinionista
acreditado por la Federación Internacional
de la Prensa de Bruselas
Italia / Articulista Invitado
